Algunos elementos para el análisis
de las paradojas de la democratización
en América latina.
Algunos elementos para el análisis de las paradojas de la democratización en
América latina.
Desafíos para el Trabajo Social en su contribución al análisis
de las relaciones de poder y la construcción democrática”
Leticia Arancibia Martínez
leticia.arancibia@ucv.cl
Texto tomado de Boletín Electrónico Surá # 165, Abril, 2010
Introducción
Teniendo como horizonte, los cambios políticos experimentados en América Latina y los desafíos que ha enfrentado el Trabajo Social en tal contexto, propongo analizar algunos de los fenómenos observados en los procesos de construcción o recuperación de sistemas políticos democrática en el Cono Sur, posterior a las dictaduras militares. Junto con ello, revisaré nociones de democracia para identificar los desafíos conceptuales y ético-políticos en el modo de entender la democracia y las relaciones sociales, en el contexto neoliberal, que interpelan a la práctica y la formación de los/as trabajadores sociales. Quiero proponer una arquitectura para el análisis de las paradojas de la construcción democrática en América Latina, retomando algunos aportes de Castoriadis, respecto de la autonomía y la heteronomía social en nuestra región.
Desarrollo
En los procesos de democratización de los países del Cono Sur, posterior a los regímenes autoritarios (O’Donnell, 1996), podemos reconocer la primacía de una lógica político-estatal, de carácter instrumental, por sobre una ético-simbólico (Garretón 1996). La primera, orientada a poner a punto una institucionalidad y administración democrática que aseguró el traspaso del poder gubernamental hacia los civiles bajo un sistema de representación de partidos políticos. La lógica ético-simbólica, ha concentrado los esfuerzos por sentar las bases de la convivencia democrática y una profundización de las libertades, siendo elemento central la resolución de la situación de violación de los derechos humanos ocurridos durante las dictaduras, donde el fin de la impunidad representaría su realización.
Pese al tono distinto en la construcción democrática en Chile, Argentina y Uruguay, distinguimos el fenómeno transversal que se dio en la lenta resolución en materia de derechos humanos, evidenciando la postergación de la dimensión ético-simbólica, la que fue subordinada al cambio de administración del poder estatal en la gestión de políticas macro-económicas gestadas en el período autoritario. Esto es patente en el caso chileno, donde se hizo examen de laboratorio, a inicios de los ochenta, respecto de las políticas neoliberales que se instalarían en la mayor parte de América Latina hasta nuestros días. La aplicación de esas políticas, que formó parte del consenso de Washington, no podemos entenderla descontextualizada de los procesos políticos vividos en diferentes países.
Al revisar el fenómeno de desplazamiento de la dimensión ético-simbólica en las llamadas transiciones, cabría hacerse la pregunta respecto del alcance político de lo que ha significado la gestión política de un orden autoritario en el caso señalado. Para ello es preciso revisarlo a la luz de la conceptualización de la democracia y las paradojas y tensiones existentes en esa construcción.
Algunas concepciones sobre la Democracia (Blanc, 1994) distinguen dos dimensiones que aparecen en tensión: la de democracia representativa , entendida por Schumpeter (1943: 335) como un conjunto de procedimientos que deberían asegurar el vínculo necesario entre las decisiones de la élite política, y las ideas y demandas existentes en la ciudadanía, La dimensión de democracia participativa, por su parte, contempla la participación directa y la expresión plural de los diferentes grupos sociales, constituyéndose la posibilidad efectiva de control de la ciudadanía de la gestión del poder político(Sintomer, 1999), la presentación y apelación directa a los órganos de poder administrativo, político y jurídico del Estado.
En el caso chileno, ambas dimensiones presentan dificultades importantes. Ello debido a que gran parte del sistema político que se constituyó durante la transición ha respondido a un orden diseñado por la dictadura. Dichos contenidos fueron pactados en los inicios de la transición, entre el régimen saliente y los dirigentes de los partidos políticos recién legalizados. Las llamadas “leyes de amarre” del período autoritario persistieron, sin que las negociaciones entre los actores permitieran desarrollar más decididamente un proceso de democratización. Los temores de un nuevo golpe militar en los noventa, así como la preocupación por establecer un sistema representativo bajo la estructura de partidos políticos en una nueva institucionalidad estatal, se superpuso por sobre el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La defensa ante las amenazas que enfrentaba el nuevo orden democrático durante ese período, fue más fuerte que las demandas de justicia y del fin de la impunidad, operando en los hechos una restringida concepción de democracia.
Una concepción “restringida” de la democracia en Chile, encuentra su expresión en las dos dimensiones que mencionábamos. En la primera, por la persistencia de un sistema jurídico-institucional de la dictadura, cuya máxima expresión es la Constitución de 1980 la cual monta y edifica una institucionalidad que limita la soberanía popular y permite la exclusión de grupos sociales de la toma de decisiones, asegurando la no modificación de tal orden y limitando la democracia, tanto en el plano electoral, como en las condiciones jurídicas para el ejercicio de la soberanía de un pueblo. Como ejemplo de la forma en que la dimensión representativa se restringe a través de la legislación existente, observamos las limitaciones para presentar candidaturas independientes al parlamento, o la incompatibilidad para que un dirigente gremial o sindical postule a un cargo de representación popular .
La democracia en su dimensión participativa o directa, aparecería más promisoria en el caso chileno y latinoamericano, en la medida que diferentes grupos de la sociedad han logrado dar mayor visibilidad a sus demandas. En particular es importante destacar que éstas relevan derechos sociales, económicos y culturales reivindicados desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia; como es el caso de grupos indígenas en Bolivia y Ecuador, y más recientemente en Perú; agrupaciones de mujeres reclamando derechos sexuales y reproductivos en Chile y México; los sin tierra en Brasil; los piqueteros en Argentina, los trabajadores subcontratados en Chile; los maestros en Argentina; los estudiantes en defensa de la educación pública en Chile y México, por mencionar algunos de los movimientos. También puede observarse el aumento de la participación en ONGs y en organizaciones sociales (PNUD 2002). Sin embargo, no siempre estos movimientos han tenido ingerencia y participación efectiva en la toma de decisiones, así como en la definición de las alternativas elegibles de manera informada (Dahl (1998) .
Otro aspecto crítico es la evaluación que se hace de la democracia, donde según el Latinobarómetro (2008), si bien un 68% de la región hace una valoración positiva de la democracia, en tanto garantizaría la participación política, al mismo tiempo, a una porción mayoritaria de la población no le importaría un gobierno no democrático si resuelve problemas económicos. Esto es más preocupante aún al revisar el bajo porcentaje de encuestados que consideran que la democracia es “para el bien de todo el pueblo”; de este modo, en el caso uruguayo que presenta la mayor puntuación en Latinoamérica, un 49% comparte esta afirmación, mientras que en Chile sólo un 23% de los encuestados considera este valor, mientras que en el caso del Perú esta cifra es dramáticamente baja, con un 8%. Esto obedecería, en parte, a las debilidades del sistema representativo bajo las élites políticas, donde los intereses de la mayoría no estarían expresados en las prácticas al interior del sistema. Esto es refrendado por el escueto 21% de los encuestados en toda Latinoamérica que manifiesta confianza en los partidos políticos (Latinobarómetro, 2008).
La democracia participativa o directa , exige de la política el arbitraje o la transacción social entre los diferentes intereses particulares, de manera que recurriendo al doble registro de la negociación / imposición , puedan entrar en el juego democrático. A su vez, va asociada a la búsqueda de construcción y concreción de ese interés general que aparece en la definición de la democracia en su dimensión representativa, dado que el marco jurídico-político no se organiza independiente de las relaciones, sino que define sus límites y posibilida Así por ejemplo, la inexistencia de responsabilidad o accountability política , puede ilustrarnos algunos del déficit de la democracia directa en Chile.
Una de las expresiones de esta dimensión participativa es la llamada iniciativa popular , donde se canaliza el interés colectivo que tendrá posibilidad de cobrar forma en disposiciones o leyes. Este recurso dentro del contexto latinoamericano, ha sido reconocido como una importante herramienta en el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos . Tal modalidad está presente en varias constituciones latinoamericanas, aún cuando son vinculantes sólo en Costa Rica, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Chile y otros países, en cambio, observamos la ausencia de una herramienta proactiva en las manos de los ciudadanos. Así, la movilización y reivindicación directa, aparecen como formas que suplen la falta de un orden que responda a sus demandas. Sin embargo, la movilización no siempre será leída por los entrevistados como participación. Así, incluso en momentos de movilización, en Bolivia los encuestados referían una baja movilización, indicando que participación política no sería sinónimo de protesta callejera, al menos en ese país, que paradójicamente es el más movilizado dentro del cono sur, el cual en su conjunto es el más desmovilizado entre las otras regiones de Latinoamérica.
Aquí vemos la necesidad de una institucionalidad jurídico-política democrática que vaya más allá de lo expresivo o espontáneo, pero que a la vez supere lo que ha ocurrido en las llamadas transiciones como es el caso chileno, donde se ha insistido desde el aparato estatal y desde los grupos con mayor poder, en una idea de participación limitada a las elecciones que se desarrollan cada 4 o 6 años.
Es preciso, por lo tanto, considerar las tensiones en la construcción democrática tanto desde el punto de vista del aparato estatal, como de la construcción socio-cultural. Puesto que los órdenes injustos y autoritarios que son capaces de persistir, no son por la sola fuerza de las élites.
En el caso chileno hemos constatado en nuestro estudio, la existencia de un imaginario autoritario que permea las formas de ejercicio del poder en diferentes relaciones a nivel de la micropolítica y donde la gente sería capaz de tolerar o soportar una democracia restringida. Este fenómeno se ha relacionado con el término de “Democracia protegida” que fue utilizado en Chile en los años 90 cuando se inician la transición , e ilustra la legitimación simbólica que se dio en el discurso público de un sistema que – diciéndose democrático – preservaba diferentes elementos del período de la dictadura. En este imaginario se consideraba a la sociedad chilena no apta para la democracia, dando cuenta de una cierta desconfianza o sospecha frente a la autonomía y la libertad política. La existencia de un imaginario autoritario respecto de las formas y contenidos del ejercicio del poder ayuda a explicar las dificultades experimentadas en los procesos de democratización, donde las premisas democráticas disputan el espacio político con los enclaves característicos de situaciones llamadas “post-autoritarias” cuyos componentes básicos son: la herencia institucional, el enclave actoral, la postergación en torno a los derechos humanos y la “presencia generalizada de valores, mentalidades y actitudes propiamente antidemocráticas o autoritarias” .
La expresión jurídica de los enclaves autoritarios han contemplado en Chile como rasgos: la insubordinación del poder militar al civil (especialmente en los primeros años de la postdictadura); un tipo de atribuciones (excesivas) del Tribunal constitucional y un tipo de integrantes con presencia de las fuerzas armadas; los altos quórum requeridos en las Cámaras para introducir y modificar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales autoritarias; un Sistema electoral binominal que impide que la mayoría pueda verse reflejada en el Senado y la Cámara de Diputados, y que además presenta una distribución de electores por distrito considerada ”inaceptable” al nivel internacional.
En el ámbito educacional en particular, podemos observar la continuidad de las transformaciones estructurales llevadas a cabo durante la dictadura, dando forma a un sistema educativo que limita los desafíos democratizadores, con un proceso de privatización de la educación que segmentó por posición socio-económica a la matrícula marcando estructuralmente la inequidad (OCDE 2004) y con la persistencia hasta hace un par de meses de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) donde se explicitan contenidos antidemocráticos de control ideológico y limitación de la participación estudiantil , la que fue recientemente reformada . Así, vemos también la sujeción cultural a prácticas instituidas históricamente donde los derechos aparecen constreñidos. Así, por ejemplo la participación estudiantil a nivel secundario se ha confrontado a las regulaciones ministeriales para su organización y representación que exige, para su funcionamiento figuras de asesoría o tutelaje. Este paternalismo o intento de limitación de la autonomía organizativa de los estudiantes, nos hace recordar el concepto de democracia protegida de los años noventa que mencionábamos anteriormente.
La búsqueda del imaginario autoritario considera un análisis del contexto de la institución autoritaria del poder, más allá de los límites de la institucionalidad estatal. La problemática autoritaria dice relación con las formas de ejercicio del poder. Una revisión conceptual en torno al poder y su conexión con el de autoridad, que refieren autores como Adorno (1954) y Fromm (1968), nos ayudan al debate e integración teórica en el análisis de los procesos subjetivos que se desencadenan y el análisis crítico de las nociones de democracia teniendo en cuenta la autonomía. Así, una noción de democracia que se basa en una cuestión puramente procedimental, y sólo concentrados en las élites políticas, sociales y económicas pone en tensión la capacidad de creación de una sociedad que explicita su propia auto-institución, poniendo en cuestión argumentos legitimadores tales como la tradición o el “orden natural”, desligado de la dimensión política de la construcción cultural. Ello permite, la reproducción de los aspectos de afirmación de la heteronomía social(Castoriadis 2004, p.42), en la medida que en las significaciones imaginarias sociales donde se imputa a otro la creación de las instituciones, ya sea por temor o aceptación, se prohíben en ese movimiento, cambiar cualquier cosa en ellas.
Tanto los sistemas políticos como el mantenimiento de un esquema neoliberal, presenta dilemas éticos y políticos a la práctica del Trabajo Social y son parte de las dificultades democratizadoras y de ejercicio de los derechos humanos, en la medida que en los campos de la salud, la educación, la vivienda, la infancia y la juventud, la justicia y la reparación, así como en la promoción, reivindicación de derechos, o análisis crítico de políticas sociales, éstas no siempre serán reconocidas en el marco de las relaciones de poder implicadas.
La metodología de intervención profesional requiere del análisis de las relaciones de poder (Healy, 2001) que permita reconocer la participación de los actores en la construcción y auto-institución (Castoriadis, 2002) de las relaciones sociales en distintos espacios y niveles. Los imaginarios contienen elementos de su radicalización, de duda o impugnación de lo instituido, que permite que los actores pongan en cuestión esa misma institución (Castoriadis, 1990: 166), desnaturalizándola y dejando en evidencia ese proceso de auto-institución del cual participan. Esto permite la revisión crítica de los fenómenos de institucionalización autoritaria, neoliberal, así como los otros procesos que participan de la dinámica societal.
Cabe hacerse la pregunta por la relación entre los procesos políticos y sociales globales y las definiciones desde el Trabajo Social pensando la forma en que nuestro quehacer puede contribuir a la construcción democrática en el paradigmático escenario latinoamericano, extrayendo aprendizajes desde las tensiones y avances experimentados.
Conclusiones
Retomando el planteo de Castoriadis, la democracia como procedimiento “no quiere decir nada” mientras ella no esté dotada de un sentido de la participación máxima en la vida política, colectiva (Castoriadis, 2007:69), y existiendo condiciones de posibilidad efectivas para la formación de los/as ciudadanos/as. Esto refiere la idea de régimen democrático, y por lo tanto, donde hay derechos, existe el habeas corpus, la democracia directa, y donde la transformación de las condiciones sociales y económicas permite la participación ciudadana (Castoriadis, 2007:68) y, por lo tanto su inclusión efectiva en las decisiones políticas y el predominio ético en la construcción de las relaciones sociales.
Una visión radical de la democracia releva la dimensión poiética del imaginario, la creación humana que se expresa en el despliegue más allá de las formas instituidas y que exige una creación histórica nueva, con significaciones nuevas, valores nuevos, un nuevo tipo de ser humano, que se debería hacer “más o menos superando por definición toda posibilidad de previsión y planificación” (Castoriadis, 2002 : 55) profundizando la reflexividad de los pueblos, decididos a destrabar aquello que impide el despliegue de sus capacidades.
Una preocupación operativa sobre los imaginarios de poder, identificable al nivel de la micro-política y macro-política en el ámbito social, nos permiten desenredar algunas hebras de la madeja del imaginario autoritario y la democracia. Esta vez no sólo bajo el eje de las limitaciones, sino también los desafíos y las posibilidades que enfrenta América Latina en materia de democratización y nuestra participación de la institución cultural y política.
Los sucesos recientes, con el golpe de Estado perpetrado por los militares en Honduras, y el maquillaje legal-constitucional del cual se pretende investir tal acto, dejan en evidencia la fragilidad de la democracia en tanto régimen. Puesto que en la medida que sigue existiendo un orden legal autoritario, un sistema económico injusto y un orden político excluyente, se seguirán negando las condiciones de posibilidad del desarrollo, entendido según Amartya Sen(2000) como expansión de las libertades, en tanto son su medio de realización y su fin. Por lo tanto, los argumentos a favor de la participación recuperan la dimensión perdida del desarrollo, que había sido excluida durante la larga noche negra que vivió la región latinoamericana. Es tarea nuestra desde las prácticas reflexivas del Trabajo Social lograr algo más que una pura dimensión formal-procedimental, dotando de un sentido más profundo los alcances del desarrollo y la democracia.
Quizás la expresión directa de los pueblos y la inédita postura de los gobiernos latinoamericanos, quienes por primera vez rechazan abiertamente el retorno a las viejas prácticas que habían vivido varios de nuestros pueblos, nos muestran que una dimensión radical de la democracia puede ser una realidad.
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Este texto fue tomado del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Guayaquil, ecuador, 2009.
