ESTADO MEXICANO Y TRABAJO SOCIAL

LAS FUNCIONES DEL ESTADO MEXICANO Y EL TRABAJO SOCIAL

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CAMACHO

Culiacán, Sinaloa a 23 de diciembre de 2010

ÍNDICE

I.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO 

II.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO MEXICANO

III.-ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

IV.- ATRIBUTOS Y FUNCIONES DEL ESTADO MEXICANO SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN DE 1910-1917 

V.- REFORMAS DEL ESTADO MEXICANO 

VI.-CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

I.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO:

Jellinek decía que el Estado era una agrupación política sedentaria, con un poder de mando originaria; Cicerón planteaba que era una muchedumbre humana unida por el derecho y la utilidad; Bodino lo definía como un conjunto de familias y sus posesiones comunes; Kant lo definía como una muchedumbre unida por leyes jurídica; San Agustín, lo definió como una muchedumbre humana dotada de razón y unida por lo común de las cosas que aman; Aurora Arnaiz Amigo, lo define mas ampliamente como una agrupación política específica y territorial de un pueblo con supremo poder jurídico para establecer el bien común o asociación política soberana que dispone de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho. Donde la soberanía es la facultad del estado para crear y garantizar el derecho positivo .

Como podemos observar, las distintas definiciones de Estado plantean diferentes elementos constitutivos del Estado, siendo estos: gobierno, soberanía, pueblo, territorio y leyes. De todo ello, se desprenden las atribuciones y funciones que le competen al Estado.

II.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO MEXICANO:

El Estado mexicano se formó y se ha transformado como producto del desarrollo de la sociedad mexicana. Su construcción la podemos encontrar en la constitución de 1857, después de haberse resuelto dos principales problemas que resultaron después de haberse consumado la independencia en 1810.

Uno de ellos, fue el del conflicto que resultó de la lucha entre dos proyectos de nación distintos, es decir, la lucha entre los conservadores y liberales, lo que hacía que se dieran situaciones de ingobernabilidad.

El otro problema es la imposibilidad de destruir un régimen colonial fincado durante más de 300 años de dominación española. Los conservadores querían una república independiente en lo político, pero basada en la misma estructura económica y social del régimen colonial, injusto. Por su parte, los liberales, pensaban en una república representativa y democrática para lograr una justa distribución de la riqueza y para conseguir el desarrollo del país.

La lucha entre liberales y conservadores se prolongó por décadas, concluyendo en 1857 con la creación de la Carta Magna de 1857, aunque vale decir, que antes hubo otros intentos de formar el Estado Mexicano, como lo fueron las constituciones de 1814 y 1824.

La Constitución de 1857 tiene un papel histórico indiscutible, puesto que logró dar origen al Estado mexicano, sin embargo, esta constitución no logra recuperar la necesidad de dotar al Estado de una nueva estructura económica, para ello, habría que esperar hasta 1917, fecha en que surge nuestra actual Carta Magna

III.-ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MEXICANO:

El Estado mexicano está compuesto por su territorio, población y gobierno, con sus leyes . Como es fácil suponer, la población está formada por todos los habitantes que ocupan el territorio mexicano. El gobierno lo forman los funcionarios que han sido elegidos por la población para hacer las leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes las violen.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las leyes que rigen actualmente a nuestro país. También se le llama Carta Magna y fue elaborada en 1917. En ella se señala cómo debe organizarse nuestra nación, acorde con las demandas por las que el pueblo luchó durante la Revolución Mexicana. En ella se establece además, que los derechos sociales son obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, como impartir y garantizar educación y salud, entre otros.

La república es el tipo de gobierno adoptado nuestro país, el cual se divide en tres poderes, de acuerdo con el artículo 49° constitucional: Uno para hacer las leyes: Poder Legislativo. Otro para aplicarlas: Poder Ejecutivo. Un tercero para impartir la justicia: Poder Judicial.

El poder Legislativo está representado por el Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Los diputados se eligen directamente por el voto de los ciudadanos mexicanos y permanecen en el puesto por tres años.

Los senadores representan a los estados o entidades federativas ante la Federación, se eligen por voto directo y se requieren dos por cada estado. Permanecen en el cargo durante seis años.

Los diputados y senadores se encargan de discutir y de hacer las leyes. Pertenecen a diferentes partidos políticos para representar las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo. Pueden ser hombres o mujeres, siempre que sean mexicanos de nacimiento.

Sus principales facultades son:

 Elaborar las leyes que dirigen las relaciones entre los ciudadanos.

 Aprobar los impuestos que se van a cobrar a los habitantes.

 Aprobar los ingresos y los gastos que el Gobierno hace en favor de la sociedad.

 Aprobar algunos puestos públicos.

 Pedir cuentas al poder Ejecutivo (al Presidente de la República y sus colaboradores) sobre el ejercicio de sus funciones.

El poder Legislativo debe controlar e instruir al Presidente de la República para que sus acciones se realicen en beneficio del país; por eso, es muy importante que las cámaras de diputados y de senadores sean independientes del resto del gobierno y defiendan los intereses del pueblo, al que representan.

El poder Ejecutivo se confía al Presidente de la República. Él es elegido cada seis años por voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Es quien se encarga de dirigir al gobierno, basándose en las leyes que aprueba el poder Legislativo.

El Presidente nombra como sus colaboradores más cercanos (que forman el gabinete), a los Secretarios de Estado. Hay 18 Secretarías de Estado, y tres Procuradurías.

Los Secretarios de Estado se encargan de administrar los programas de salud, turismo, ecología, educación, comercio, energía, la procuración de justicia, la autonomía de la nación, el cobro de los impuestos y las relaciones con otros países, entre otros.

Algunos nombramientos los aprueba el senado, como los de los procuradores, los embajadores y los oficiales del ejército.

El poder Judicial está encargado de vigilar que se cumplan la Constitución y sus leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, sexo, nivel económico o religión. T

ambién tiene a su cargo la protección de las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Otra de sus funciones es equilibrar las acciones del poder Legislativo y del Ejecutivo.

Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.

La división del poder supremo en los tres poderes señalados debería ser como una balanza que mantuviera el equilibrio entre las partes del gobierno, pues cada una tiene funciones específicas que ayudarían a controlar a las otras dos.

Con esto se pretende evitar que un gobernante abuse de su poder y tome decisiones que no favorezcan a la población.

En nuestro país, el representante del poder Ejecutivo, el Presidente de la República, es quien tiene, de hecho, mayor poder en la toma de decisiones.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, el gobierno de México, además de dividirse en tres poderes, debe cumplir tres características principales:

 Ser democrático,

 Representativo y

 Federal (artículo 40° constitucional).

El gobierno de México, debe ser democrático, porque todos los miembros de la sociedad mexicana podemos participar en la elección y decidir libremente y sin presiones de ningún tipo, a los que serán nuestros gobernantes. Ellos, a su vez, tienen la obligación de gobernar de acuerdo con nuestros intereses y además informarnos acerca de sus acciones.

En esta forma de gobierno la autoridad la tiene el pueblo y se basa en la idea de que en nuestro país debe haber libertad, igualdad, respeto a la ley, progreso para la población, respeto a las garantías individuales, no reelección de los gobernantes y existencia de partidos político.

También debe ser representativo, porque la autoridad no la podemos ejercer los 100 millones que habitamos en México (según cifras del censo del INEGI de 2000).

Por esa razón, elegimos a algunas personas como los diputados, los senadores y demás funcionarios gubernamentales para que nos representen y ejerzan la autoridad en beneficio del pueblo, que fue quien los eligió.

Lo ideal sería que todos los ciudadanos participaran directamente en las discusiones y soluciones de los diferentes problemas de la sociedad. Pero ante el crecimiento de la ciudadanía y las dificultades que representaría la intervención de todos, es necesario tratar los asuntos del gobierno por medio de los representantes electos por los ciudadanos. Por eso, es tan importante que estemos informados de quiénes son los candidatos a diputados, senadores, presidentes y los demás representantes, y qué proponen, para elegir la mejor opción que nos represente de acuerdo con nuestras ideas.

El gobierno de México es federal, porque está formado por 31 estados libres (o entidades federativas) con su propio gobierno, sus propias leyes, un territorio definido y su propia población. También forma parte de la República el Distrito Federal, donde se encuentra la sede del gobierno federal. Unidos, los estados y el Distrito Federal forman una federación de estados que se rigen por las leyes que integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso, cuando hablamos del Estado, nos referimos a la organización Federal que rige a toda la República. En cambio, cuando se habla del estado de Sinaloa, sólo se menciona a esa entidad federativa, que junto con las demás forman la federación de estados que componen nuestro territorio.

El gobierno de cada estado es autónomo o independiente. La población de cada estado elige al gobernador y a sus diputados locales. También tiene su propia constitución, que contiene leyes que responden a sus necesidades específicas, pero las leyes de los estados en ningún caso pueden contraponerse a la Constitución Federal de todo el país.

Además, cada estado tiene su capital y está dividido en municipios gobernados por el Ayuntamiento. Ahí, el responsable es el presidente municipal y las personas que forman el cabildo o sea los regidores, a quienes también elige el pueblo.

En nuestro país, esto es relativo, pues el poder Ejecutivo tiene una fuerte influencia sobre el gobierno de los estados y sobre el poder legislativo y judicial Es importante recordar que una condición para que exista el Estado mexicano es que exista la soberanía. La soberanía la ejerce todo mexicano a través de su gobierno.

Esto significa que, como pueblo, tenemos el derecho de exigir al gobierno que respete nuestras garantías individuales y sociales. Asimismo, los mexicanos tenemos, por ley, en todo momento, el derecho de alterar o modificar la forma de nuestro gobierno, según el artículo 39° de la Constitución mexicana.

IV.- ATRIBUTOS Y FUNCIONES DEL ESTADO MEXICANO SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN DE 1910-1917:

Los fines del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su legislación, fundamentalmente en su Carta Magna y en las leyes que de ella surgen.

Existen tres funciones esenciales del Estado que son: la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional.

La función legislativa, que es la función encaminada a establecer las normas jurídicas generales, la cual se cumple a través del poder legislativo (Cámaras de Senadores y de diputados).

La función administrativa, que es la función encaminada a regular la actividad concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico; a esta función le corresponde el poder ejecutivo, mediante el cual se establece que la ley debe ser ejecutada para promover el desarrollo económico y social de un país; esto mediante las instituciones y organismos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La función jurisdiccional, que es la actividad del Estado encaminada a resolver las controversias, lo cual se logra a través del Poder Judicial.

La actividad del Estado se expresa en el artículo 49 de nuestra Constitución, en donde se establecen las tres funciones básicas que se han mencionado, cuyos respectivos órganos ejercitan partes del poder estatal, que es único, aunque las funciones son múltiples y constituyen la forma de ejercicio de las atribuciones. En otras palabras, al Poder Legislativo le corresponde la función legislativa, al Poder Ejecutivo la función Administrativa, y al Poder Judicial la función jurisdiccional.

La Revolución de 1910, tuvo que abordar el problema de dotar a la Nación de los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar los conflictos que le dieron origen, las contradicciones que existían de manera previa a su estallido. Y esto implicaba formular una nueva Constitución y definir un nuevo Estado mexicano, dotarlo de nuevas atribuciones.

Al Formularse una nueva constitución y nuevas leyes y reglamentos, se dio vida a un nuevo Estado mexicano, cualitativamente distinto y con atributos y facultades superiores a las que había tenido hasta entonces.

El Congreso Constituyente creó nuevas instituciones, que vinieran a resolver problemas específicos. El nuevo Estado mexicano conservó el carácter republicano, la división de poderes, el mecanismo de una república federal y de una democracia representativa, sin embargo, la Carta Magna surgida de la revolución mexicana le otorgó nuevas funciones en el ámbito de lo económico y lo social, según lo podemos observan en los artículos como el 27, el 123 y el 130, entre otros.

Se mantienen los derechos del hombre o garantías individuales; pero ya no son las únicas bases ni los objetivos de las instituciones sociales.

Aparecen además las garantías colectivas o sociales y con ellas el Estado deja atrás el papel de simple observador "para transformarse en un factor directo en la vida económica, administrador de los servicios, y, en suma, impulsor del desarrollo material y político de México" .

La Constitución de 1917 incorporó, en el artículo 27, el principio de la propiedad originaria de la Nación, que restringe la propiedad privada a la categoría de concesión otorgada por el Estado, y lo faculta para dar a la misma propiedad en cualquier momento las modalidades que dicte el interés público.

El Estado mexicano, en consecuencia, en su calidad de representación jurídica de la Nación, adquirió el carácter de titular de la propiedad originaria, es decir, estableció el derecho de propiedad como un atributo del Estado, creando así las bases jurídicas para romper la dependencia económica por la vía de las nacionalizaciones.

En el artículo 123 de la Constitución, se amparan los derechos de todas las personas que viven de un trabajo al servicio de un patrón, por lo que la clase trabajadora quedó reconocida como una clase social con derechos específicos, quedando así en la Constitución la obligación del Estado de dar protección y respeto a la clase trabajadora.

En el artículo 130 también se estableció que las agrupaciones religiosas dejaban de tener personalidad jurídica. Esta medida tenía la intención de evitar la acumulación de poder económico y político en manos del alto clero, del que históricamente había abusado, en contra de los intereses mayoritarios del pueblo.

Ahora bien, los nuevos atributos y funciones del Estado mexicano, hacen del Estado mexicano un Estado regulador y un Estado de bienestar, por el hecho de las funciones que tiene de intervenir en la economía sin dejarla a las libres fuerzas del mercado y la de otorgar protección a las capas populares de la población.

En Estados nacionales dependientes como el nuestro, la globalización creciente impulsada por los países desarrollados, pretenden arrebatarle su soberanía, lo cual es un atributo fundamental de todo Estado; esto es sumamente peligroso para la clase trabajadora y para los empresarios nacionales; debido a que en tanto el país carezca de independencia y soberanía, no puede lograr la libertad ni la justicia.

A pesar de todas las contradicciones surgidas en este nuevo Estado mexicano surgido en 1917, se fueron creando instituciones nuevas, unas impulsadas por la clase trabajadora, inspiradas en el principio de que los intereses colectivos de la sociedad deben ir por delante de los particulares del individuo; otras que impulsarían el individualismo y el libre mercado.

Unas, luchando por lograr la plena independencia económica y política de México, impulsadas por la coincidencia entre la clase trabajadora y el sector nacionalista de la burguesía, y otras entreguistas, promovidas por los intereses contrarios.

Las instituciones construidas produjeron frutos que se han reflejado en las distintas esferas de la vida pública, como la economía, el derecho, la cultura y la política, así por ejemplo durante el período de Miguel Alemán (1946-1952), gobierno francamente contrario a los intereses del pueblo y de la Nación. Y más categóricamente todavía a partir de la llegada de los neoliberales, Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox, cada uno continuador y profundizado de las contrarreformas del Estado.

En esta última fase el camino desandado ha sido enorme. El Estado surgido de la Revolución en gran parte ha sido desmantelado al modificarse los artículos más importantes de la Constitución de 1910, como son el art. 27 y el 123, con ello, México ha perdido independencia y soberanía, y se ha convertido en gran medida en una colonia de los Estados Unidos.

V.- REFORMAS DEL ESTADO MEXICANO:

 “El concepto de Reforma del Estado es muy extenso, ya que incluye gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de política económica, política social, administración pública, política electoral, a al naturaleza del Estado.

Siendo pues un concepto tan vasto termina por perder su significado, por lo que desde las distintas disciplinas se intenta precisar su significado acotándolo a campos más definidos” . Los objetivos que se persiguen con toda reforma que se realice al Estado tienen que ver con la necesidad de que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y sociales de cada país.

En toda propuesta de reforma del Estado se deben incluir también el tipo de administración pública necesaria para responder y atender de manera eficaz las demandas de las sociedad, ya que no es viable un Estado que conserva una administración pública tradicional, en la cual la ciudadanía no confía, que considera ineficiente, corrupta y desvinculada de los problemas sociales.

En los años de 1976-1977, se inició la reforma política y administrativa del presidente José López Portillo. En esta reforma se pretendió ordenar al sector público central y paraestatal, a fin de supervisarlo, controlarlo y hacerlo eficiente.

Esta reforma administrativa diseño competencias, sectorizaciones, desconcentraciones administrativas, delegaciones de autoridad, agilizaciones de trámites, etc. La reforma política, pretendió por su parte, darle cobertura a la izquierda mexicana para que calmaran los ánimos con las represiones que se habian dado a los movimientos populares de la época, como los del movimiento estudiantil de 1968; además se tenía como objetivo darle respuesta al sindicalismo independiente y a los movimientos guerrilleros urbanos y campesinos del sur del país.

En 1983-1993, con la llegada de Miguel de La Madrid al gobierno, se plantea una nueva estrategia económica, orientada a lograr, en lo inmediato, el reordenamiento de una economía. Para lograr el primer objetivo se puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica, orientado entre otras cosas, a disminuir el crecimiento del gasto público; reforzar las normas de disciplina, programación, eficiencia y honradez en su ejercicio; proteger y estimular los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos; reordenar el mercado cambiario bajo la autoridad monetaria del estado; reestructurar la Administración Pública Federal y actuar bajo el principio de rectoría del estado dentro del régimen de economía mixta que establece la Constitución.

Respecto a la reforma administrativa, se envió reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se establecían importantes reformas que crearon y reformaron varias secretarías de estado, entre ellas la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la de Desarrollo Urbano y Ecología. En los años posteriores, se impulsó la simplificación administrativa, buscando agilizar trámites y dar servicios más eficaces a la ciudadanía.

En lo político se planteó el ejercicio democrático de la autoridad, el aliento a la participación y organización popular en los programas sociales, la privatización de las empresas públicas no estratégicas, dando a los obreros participación en su propiedad y canalizando el producto de su venta a programas sociales, entre otras.

El objetivo que se planteó de la reforma, fue el de terminar con el estado paternalista, propietario, interventor excesivo y absorbente, promoviendo en cambio su fortalecimiento para hacerlo más justo y eficaz. Para ello, se requería hacerlo más ágil y eficiente, ampliando los espacios a la iniciativa de los grupos sociales organizados y liberando recursos que estaban atados a empresas públicas para concentrar la atención política en las prioridades impostergables de justicia. En el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994).

Las medidas que instrumentó para reformar el Estado consistieron básicamente en dar un mayor impulso a las privatizaciones, que ya se habían iniciado en el sexenio anterior. En poner freno a los incrementos de los salarios para atraer inversiones del exterior. En la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En el ataque frontal contra artículos fundamentales de la Constitución, el 3º, 27, 82 y 130.

Para Salinas de Gortari, reformar al Estado equivaldría a reducirlo a su mínima expresión, volver a las ideas del Estado vigilante, con una mínima participación social, de carácter asistencialista y, con una política social engañosa, a través de lo que el llamó el liberalismo social y que fue impulsado mediante el Programa IMSS-SOLIDARIDAD.

Como se ha visto, históricamente la Reforma del Estado en México se ha venido desarrollando por una serie de circunstancias, las cuales han obligado a cada uno de los presidentes en turno retomar de distinta manera la Reforma del Estado, el énfasis en la idea de que el estilo de gobernar ha sido factor principal del crecimiento del aparato gubernamental, hasta llevarlo a una situación inmanejable económico-administrativa. Por lo cual se ha caído en el gran error de concebir a la Reforma del Estado como la constante reforma de la Constitución, lo cual como plantea Ricardo J. Sepúlveda, quien afirma en su articulo titulado “La forma del Gobierno en la Reforma del Estado”.

La Reforma del Estado no se concentra solamente en una Reforma Constitucional, aunque esta sea su vía más idónea para llevarse a cabo. Más bien es un proceso de adecuación permanente entre los órganos del Estado y las transformaciones propias al paso del tiempo en una sociedad, a su desarrollo .

La Reforma del Estado tiene tres niveles interdependientes:

 El nivel de proceso de gobierno o gestión pública.

 El nivel de régimen político o de la política misma.

 El nivel de la Constitución Política del Estado.

Las reformas del nivel de la gestión pública o gobierno, son las mas manifestadas, pues los cambios en las formas e instrumentos de gobernar, lo podemos observar en la reducción de su tamaño, la disminución de su número de empresas, programas, empleados, leyes, gasto, etc., sin embargo, debido a la inmediata visibilidad de los recortes presupuestarios, personal, programas y empresas públicas, es también el nivel más polémico.

Las reformas en el nivel de la gestión, hoy se manifiestan en privatizaciones, desregulaciones, administraciones públicas compartidas o concesionadas. El segundo nivel es el de la reforma de la política misma. Son las reformas de la relación política entre sociedad y Estado, en particular la forma de elegir a los titulares de los poderes del Estado y las formas como se componen y ejercen los poderes públicos. También las formas de interrelación entre los poderes y niveles de Estado.

Finalmente, la gran Reforma del Estado se realiza en las leyes fundamentales del Estado, relativas al ámbito y ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, y al ámbito y ejercicio de los poderes regulatorios y de intervención del Estado. La reforma profunda del Estado es la constitucional.

Toda reforma política involucra una reforma política que garantice la gobernabilidad. Gobernabilidad es la capacidad política de gobernar, la cual se deriva de la relación de legitimidad del Estado y de sus gobiernos con la sociedad.

La gobernabilidad en nuestro caso depende de los siguientes factores:

 La adecuación de las instituciones políticas capaces de intermediar intereses dentro del Estado y la sociedad civil.

 La existencia de mecanismos de responsabilidad de los políticos y burócratas ante la sociedad.  La capacidad de la sociedad de limitar sus demandas y del gobierno de satisfacerlas.

 De la existencia de un contrato social básico.

El gran desafió de la reforma del Estado es tener partidos políticos que correspondan a orientaciones ideológicas; es desarrollar un sistema electoral que permita la formación de gobiernos que sean representativos y que cuenten con mayorías estables.

VI.-CONCLUSIONES.

La conformación del Estado moderno en México, ha sido largo, difícil y lleno de contradicciones; las reformas que se han implementado han obedecido a las grandes transformaciones que ha sufrido la sociedad mexicana, sin embargo, se ha caído en el error de que los presidentes en turno creen que reformar al Estado es hacer reformas constitucionales.

La reforma del Estado mexicano, ha sido un largo proceso en el cual no se han visto grandes frutos, pero a pesar de todo esto, dicha reforma se ha seguido implemento durante décadas. Lo cual conlleva a que cada administración en turno le ha puesto su propio sello.

La reforma del Estado está compuesta por una serie de reformas, las cuales podríamos decir que las primordiales son:

1. Reforma Constitucional, la cual se traduce en la reforma del marco jurídico en el que se rigen las acciones del Estado.

2. Reforma Administrativa, que se enfoca en la mejora de los procesos al interior de la administración pública, para la mejora de los servicios que presta el Estado.

3. Reforma Política, que es la búsqueda de la mejora en la relación Estado-sociedad. Asímismo es la que busca darle legitimidad a las acciones del Estado.

En cada una de estas reformas el trabajador social modifica sus funciones y su forma de relacionarse con el Estado, así podemos decir, que el trabajo Social se relaciona de manera directa con el Estado mexicano a través de la política social que implementa mediante las instituciones y organismos que se han creado para lograr el bienestar social de la población mexicana a todo lo largo de su historia.

Esto es, a través del papel que en cada momento de la historia asume el Estado y las propuestas que se hagan en materia de garantías sociales.

Pensamos que no puede existir la política social sin el trabajo social o viceversa, pues es condición esencial para que el ciudadano pleno pueda participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado, siempre y cuando tenga satisfechas las necesidades básicas como son: la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, entre otros derechos sociales.

En este contexto, cabe decir, que existen tres generaciones de derechos:

La primera generación son los derechos de libertad; es decir, de hacer todo lo que no impida a los otros gozar a su vez de libertad y de igualdad ante la ley.

La segunda generación son los derechos considerados como las condiciones para hacer efectiva y significativa la libertad y la igualdad.

De esta manera nace el derecho social: el derecho al trabajo, a la salud, a la previsión, etc. Sucesivamente, han surgido otros derechos llamados de tercera generación, como: vivir en un ambiente libre de contaminación; el derecho a la paz mundial; a la igualdad de géneros; etc. Y en todos estos derechos, el trabajador social, tiene una misión que cumplir, para que estos derechos se cumplan.

Sin embargo, para tener ciudadanos plenos, lograr y preservar estos propósitos es imprescindible garantizar la seguridad social. La seguridad social es el fundamento del Estado, quien de manera permanentemente debe buscar el autoabastecimiento y la suficiencia de recursos para satisfacer las necesidades y garantizar la justicia social con el propósito de preservar la unión, la armonía y la paz entre los miembros de una comunidad.

Como se ha dicho anteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es la primera en su género, que consagra los derechos sociales en su ordenamiento jurídico. Nuestra Carta Magna, establece los derechos sociales en los artículos 3º, 27 y 123 constitucionales que señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, sobre todo con los grupos de personas más vulnerables.

Actualmente en nuestra Ley Fundamental se reconocen como derechos sociales la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como el desarrollo integral (art. 2); el Derecho a la educación (art.3); la Igualdad de género ante la ley, la libertad de procreación, la protección de la salud, el derecho a vivienda digna y decorosa, así como la satisfacción de necesidades y salud física (art.4) y la libertad del trabajo (art.5).

No obstante, para garantizar la seguridad social es necesario implementar políticas públicas sociales vinculadas con la población y los sectores afectados; que es donde se liga el trabajo social con las funciones del Estado, debido a que como profesión, el Trabajo Social, tiene como misión promover la resolución de problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos, su liberación y la mejora de la sociedad, de acuerdo con la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS ).

Por lo anterior, las políticas sociales que diseñan y ejecutan los gobiernos municipales, estatales y federal en nuestro país, deben estar sumamente vinculados con el Trabajo Social, en razón de que comparten visiones y misiones, como: evitar las situaciones de emergencia económica o social de personas individuales o grupos de personas, o para superarlos de manera inmediata; mejorar la situación social o económica de grupos sociales que se consideran en desventaja; regular de manera obligatoria los conflictos sobre la realización de los objetivos generales de política social, como la justicia o la igualdad, que son principios esenciales para el Trabajo Social.

BIBLIOGRAFÍA

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Sepúlveda Ricardo, j., la reforma del gobierno ante la reforma del Estado; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006

http://www.ifsw.org/